Quito, 20 de diciembre de 2025. — En un país donde la violencia y la delincuencia cobran vidas a un ritmo escalofriante, la clase política ecuatoriana parece haber optado por la táctica más vil: desviar la atención atacando a un alcalde que ha demostrado gestión y vocación de servicio público. Mientras Ecuador se hunde en una crisis de seguridad que lo posiciona como uno de los países más violentos del continente, la persecución política contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no solo es oportunista, sino profundamente antisocial y carente de sentido de responsabilidad con la ciudadanía.
Los datos oficiales no dejan lugar a dudas: en 2025 Ecuador registra cifras de homicidios sin precedentes, con más de 8.272 homicidios intencionales entre enero y noviembre —la cifra más alta en la historia reciente del país—, lo que consolida a este año como el más violento jamás registrado según reportes del Ministerio del Interior y organismos independientes.
Estas cifras alarmantes se traducen en un promedio de más de 750 muertes violentas por mes, 25 por día, o una cada hora, y, si la tendencia no cambia, el año podría cerrar con más de 9.000 asesinatos, dejando una tasa estimada que supera 50 homicidios por cada 100.000 habitantes —niveles que sitúan a Ecuador en una grave crisis de seguridad comparable solo con regiones en conflicto armado.
En este contexto brutal, donde incluso figuras públicas como el exfutbolista Mario Pineida fueron asesinadas a tiros en Guayaquil, la seguridad ciudadana debería ser la prioridad del debate público.
Sin embargo, el ruido político generado en torno a denuncias de supuesta infracción electoral contra el alcalde Álvarez, promovidas por sectores afines al Gobierno Nacional y respaldadas por ciertos medios, representa una distracción inaceptable del clamor ciudadano por seguridad, justicia y gobernabilidad efectiva.
Aquiles Álvarez, electo como autoridad municipal, ha liderado acciones de gestión con programas sociales, reactivación económica y estrategias de seguridad local, respondiendo cada día al sufrimiento de los ciudadanos que enfrentan la delincuencia en las calles. Atacar su gestión con estrategias jurídicas y mediáticas en momentos en que 16.000 asesinatos han ocurrido bajo la actual administración presidencial, envía un mensaje peligroso: que la oposición política en Ecuador valora más el desgaste de adversarios que la vida de sus compatriotas.
Es vil, y debe ser denunciado con firmeza, que sectores políticos con historial de casos de corrupción comprobados —como Progen, AMT o HealthBird, donde el Estado sufrió perjuicios por millones de dólares— busquen desviar la atención pública hacia un alcalde que, a diferencia de ellos, no está implicado en saqueos al erario, sino en la gestión de soluciones ante la violencia desbordada.
La ciudadanía exige prioridades claras: seguridad, justicia eficaz, políticas públicas creíbles y gobernabilidad responsable. Los ataques políticos auto-referenciales no solo son injustos, sino que agravan la percepción de un Estado más preocupado por la disputa de poder que por la protección de la vida de sus habitantes.
En este marco, el debate no debería centrarse en litigios políticos, sino en cómo detener la sangría que todos los días cobra nuevas víctimas en Ecuador, y cómo construir un verdadero pacto nacional por la seguridad con el respaldo de autoridades locales y nacionales por igual.
¿Hasta cuándo seguiremos perdiendo vidas mientras algunos debaten inocuamente sobre acusaciones que distraen de lo realmente urgente?
