Guayaquil, noviembre de 2025. — La noche del 13 de febrero de 2025, en el recinto La Punta, cantón Jujan, la Policía Nacional irrumpió en la Hacienda San Luis tras denuncias de moradores que reportaban movimiento inusual de camionetas y motocicletas en un predio que llevaba años abandonado. Lo que encontraron no fue una simple irregularidad rural: dentro de una casa junto al río Jujan, hallaron 196 paquetes rectangulares marcados con el sello “Cachorro”, que contenían 193 kilogramos netos de clorhidrato de cocaína, además de una alimentadora con 15 cartuchos .

La droga no estaba enterrada. Estaba almacenada ordenadamente, a apenas 15 metros del río, lo que —según los peritos— configuraba un punto de acopio fluvial, ideal para traslado y distribución .


El único detenido: un guardia de 62 años

A dos kilómetros del sitio, los agentes aprehendieron a Tito Eriberto Meza Montoya, de 62 años, trabajador de la hacienda desde hace tres décadas. No tenía vehículo, radio ni llaves del inmueble donde estaba la droga. Pese a su evidente condición de empleado rural, fue el único procesado y enviado a prisión preventiva bajo cargos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

El 16 de junio de 2025, el juez Segundo Quintero Rivera dictó sobreseimiento, concluyendo que “no existe nexo causal entre el procesado y la sustancia incautada”. El fiscal no apeló y la causa se archivó el 20 de junio, apenas cinco meses después del hallazgo .


La propiedad y los nombres que no fueron investigados

La Hacienda San Luis pertenece a la Sociedad Anónima San Luis, registrada en Guayaquil con RUC 0990015406001. Su gerente es el Ing. Rafael Stalin Velarde Arana, y sus directivos incluyen a Sylka Estefanía Sánchez Campos(presidenta) y Kléber Augusto Llerena Molina (vicepresidente) .

Durante la inspección judicial, un letrero en la garita de ingreso identificaba al predio como parte del “Grupo Noboa”, con la leyenda “Hacienda San Luis – Brahman Brown Swiss Km. 51 vía Durán–Babahoyo”. Testimonios de trabajadores confirmaron que el empresario Álvaro Noboa Pontón visitaba la finca por vía fluvial hace décadas y que una mujer llamada Karina Vera actuaba como administradora local .

Pese a que Llerena fue citado dos veces a rendir versión, nunca compareció. La Fiscalía no ordenó su conducción forzosa ni dictó medidas de rebeldía. Tampoco se tomaron versiones a Velarde Arana, Vera o Franklin Lucio (“Pataleche”), señalado por los trabajadores como quien ingresaba al predio con llaves propias y sin control .


Una estructura societaria opaca y un caso cerrado sin responsables

El certificado societario de San Luis S.A. revela que la compañía está activa pero con obligaciones incumplidas, al no haber presentado informes de su accionista extranjero, Warren Asset Holdings Ltd., con sede fuera del país. En los registros de Superintendencia de Compañías, figuran correos corporativos y domicilios coincidentes con los del Grupo Noboa .

Pese a ello, no se realizaron pericias patrimoniales ni financieras, ni se solicitó el comiso del predio o la destrucción de la droga, como exige la ley en estos casos. Tampoco hubo rastreo de llamadas, análisis de rutas fluviales ni pericias en vehículos o cámaras de seguridad.

El caso —catalogado como “de gran escala” por el artículo 220.1.d del COIP— fue cerrado en un tiempo cuatro veces menor al promedio nacional de procesos similares, que suelen extenderse de 18 a 36 meses.


Conclusión: la investigación que no quiso mirar hacia arriba

El análisis jurídico del expediente concluye que la Fiscalía actuó correctamente al excluir de responsabilidad al guardia Meza Montoya, pero omitió investigar la cadena de mando real detrás del predio y la estructura empresarial que lo controla.

En palabras de un jurista que revisó el proceso, “no es un caso de falta de pruebas, sino de falta de voluntad institucional”.

A 193 kilos de cocaína, 196 paquetes marcados, una estructura societaria vinculada a un grupo empresarial, y un proceso que se archivó sin apelación ni comiso, la pregunta sigue siendo la misma que dejó escrita el informe analítico:

¿Quién podía almacenar casi 200 kilos de cocaína en una hacienda privada sin ser investigado?